El día que el voto perdió su valor
En noviembre de 2017, Honduras vivió uno de los episodios más oscuros de su historia democrática. El presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, logró una reelección envuelta en un manto de ilegalidad y manipulación. Lo hizo pese a que la Constitución hondureña prohíbe expresamente reelegirse, una barrera que fue removida años antes por una Corte Suprema afín al poder.
Durante la jornada electoral, el opositor Salvador Nasralla llevaba una ventaja clara. Pero el sistema de transmisión de resultados se cayó misteriosamente cuando el 57% de las actas ya estaba contabilizado. Al reanudarse, la tendencia cambió a favor de Hernández. Lo que siguió fue una danza de denuncias por fraude electoral, actas alteradas y votaciones que simplemente no cuadraban.
Represión con sabor a impunidad
Las calles estallaron. Miles protestaron en todo el país. La respuesta del gobierno fue brutal: más de 30 muertos y cientos de heridos en represiones ejecutadas por fuerzas estatales. La violencia fue tan grave que organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas denunciaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Pese a la presión interna y externa, el Tribunal Supremo Electoral ratificó los resultados. La comunidad internacional se dividió: mientras la OEA exigía nuevas elecciones, Estados Unidos avaló los resultados, dando oxígeno al régimen.
Instituciones cooptadas, democracia enterrada
Este no fue solo un fraude de votos, sino el punto cúspide de un proyecto político que venía socavando la independencia de poderes desde el golpe de Estado de 2009. El caso hondureño evidencia cómo un aparato institucional puede ser manipulado para preservar el poder. El autoritarismo no siempre
