La carta presentada por la representante legal de María Cristina González Flores expone una compleja trama de financiamiento legal internacional y su presunta vinculación con actos de obstrucción a la justicia en Guatemala y El Salvador. Dirigida a instituciones como el Tribunal de Arbitraje de la American Arbitration Association, Goldman Sachs, Peppertree Capital y el bufete Gelber Schachter & Greenberg, la denuncia acusa a estas entidades de respaldar económicamente la defensa legal de Jorge Gaitán y su padre, cuyas acciones —junto a las de su abogada, Ana Alejos— podrían estar interfiriendo en procesos judiciales.
El documento detalla cómo el uso de redes sociales por parte de Alejos para presionar autoridades, junto a la ejecución de una orden de arresto internacional, ha generado preocupación por posibles violaciones a derechos humanos y constitucionales. La carta advierte sobre las repercusiones legales y éticas para los involucrados, incluyendo la posibilidad de cargos criminales, pérdida de licencias profesionales y daños reputacionales.
Este caso no solo subraya los desafíos éticos en el arbitraje internacional, sino que también plantea preguntas críticas sobre la responsabilidad de instituciones financieras y tribunales al financiar defensas legales que podrían transgredir límites legales. La denuncia de González Flores busca no solo detener el flujo de recursos hacia estas acciones, sino también llamar a una reflexión global sobre los límites del “apoyo legal” en contextos transfronterizos.
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