El caso de la minera canadiense Infinito Gold contra Costa Rica, resuelto en 2021, expone las tensiones entre la protección ambiental y los mecanismos de arbitraje internacional. La empresa reclamaba $400 millones en compensación por la cancelación del proyecto minero Crucitas, pero el tribunal del CIADI falló a favor de Costa Rica, destacando la legitimidad de sus decisiones soberanas y la falta de pruebas de daño económico por parte de la demandante.
Un arbitraje que desafió la soberanía ambiental
En 2010, Costa Rica prohibió la minería metálica a cielo abierto, afectando el proyecto Crucitas de Infinito Gold. La empresa alegó violaciones al tratado bilateral de inversiones con Canadá y presentó una demanda ante el CIADI en 2014. Tras siete años de proceso, el tribunal concluyó que Costa Rica no debía pagar indemnización, ya que actuó conforme a su legislación y principios de protección ambiental.
Implicaciones del fallo
Este caso resalta cómo los mecanismos de arbitraje internacional pueden ser utilizados por corporaciones para impugnar políticas públicas legítimas. Aunque Costa Rica prevaleció, el proceso evidenció la necesidad de revisar estos mecanismos para evitar que se conviertan en herramientas que socaven la soberanía de los Estados y la protección del medio ambiente.
El resultado favorable para Costa Rica refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la defensa de sus recursos naturales, pero también subraya la importancia de establecer marcos legales internacionales que equilibren los derechos de los inversores con los intereses públicos y ambientales.
