En los últimos años, grandes corporaciones como Disney, Airbnb y Walmart han utilizado cláusulas de arbitraje obligatorio en sus contratos con consumidores y empleados para evitar litigios en tribunales públicos. Estas cláusulas, a menudo ocultas en los términos y condiciones, obligan a resolver disputas mediante arbitraje privado, lo que puede limitar significativamente los derechos de los afectados.
Un caso emblemático es el de Jeffrey Piccolo, quien demandó a Disney por la muerte de su esposa debido a una reacción alérgica en un restaurante de Disney World. Disney intentó desestimar la demanda alegando que Piccolo había aceptado una cláusula de arbitraje al suscribirse a una prueba gratuita de Disney+ en 2019. Este intento de aplicar una cláusula de un servicio de streaming a un incidente ocurrido en un parque temático generó una fuerte reacción pública y llevó a Disney a retractarse y permitir que el caso siguiera en los tribunales.
Este tipo de cláusulas no solo afectan a consumidores, sino también a empleados. En muchos casos, los acuerdos de arbitraje obligatorio prohíben a los empleados presentar demandas por acoso sexual en tribunales, obligándolos a resolver estos asuntos en procedimientos privados que carecen de la transparencia y las garantías del sistema judicial
Ante estos abusos, se han tomado medidas legislativas. En 2022, el presidente Joe Biden firmó una ley que prohíbe las cláusulas de arbitraje obligatorio en casos de acoso y agresión sexual, permitiendo que las víctimas lleven sus casos a tribunales públicos.
Sin embargo, el problema persiste en otros ámbitos. En el contexto internacional, empresas han utilizado el arbitraje de inversiones para demandar a gobiernos por implementar políticas públicas. Por ejemplo, la minera canadiense Eco Oro demandó a Colombia por 696 millones de dólares después de que el gobierno prohibiera la minería en el páramo de Santurbán para proteger el medio ambiente.
Estos casos evidencian cómo el arbitraje, concebido como un mecanismo de resolución de disputas eficiente y neutral, puede ser utilizado para evadir responsabilidades y limitar derechos. Es fundamental revisar y regular el uso de cláusulas de arbitraje para garantizar que no se conviertan en herramientas de impunidad.
