En una carta fechada el 17 de enero de 2025, María Cristina González Flores, una madre guatemalteca, expone graves acusaciones de corrupción, manipulación judicial y violación de sus derechos constitucionales en un caso de custodia internacional. Dirigida al abogado Adam M. Schachter, su firma legal, y entidades como Peppertree Investors y Goldman Sachs, la misiva detalla cómo fondos destinados a defensas legales habrían sido utilizados para financiar abogados y jueces corruptos, silenciando su voz en tribunales y separándola de sus hijas por más de 269 días.
González Flores denuncia que el dinero proveniente de Peppertree y Goldman Sachs, gestionado por Schachter, habría permitido a su esposo, Jorge Gaitán, y a su pareja, Carol Echeverría, manipular procesos judiciales, obtener visas de trabajo para evadir responsabilidades legales en Centroamérica y perpetuar un “fraude” en un tribunal de arbitraje administrado por la AAA (American Arbitration Association). Además, cuestiona la ética de profesionales que, según ella, encubrieron perjurio y desviaron recursos sin supervisión.
La carta también expone la inacción de figuras clave como Ana Lombardía y Luis Martínez, así como del propio tribunal de arbitraje, frente a sus denuncias de lavado de dinero, sobornos y complicidad. González Flores advierte sobre las consecuencias legales y reputacionales para los involucrados, incluyendo la posible anulación del laudo arbitral y acciones penales por encubrimiento.
Con un llamado urgente a la transparencia, la autora cierra su texto recordando que “entre el cielo y la tierra no hay nada oculto”, subrayando su determinación por exponer la verdad. Este caso no solo refleja una lucha personal por la custodia, sino que plantea interrogantes éticos sobre el rol de firmas financieras y abogados en sistemas judiciales vulnerables.
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