Un grupo de organizaciones internacionales manifestaron este martes su preocupación por la situación de los seis asilados en la Embajada de Argentina, bajo la custodia de Brasil y abogan por los salvoconductos que permitan el cese del hostigamiento en su contra.
El documento firmado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR); Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) destaca la crisis que viven los seis colaboradores de María Corina Machado desde hace 9 meses, y condenan la detención de un empleado de la sede diplomática en Caracas.
«La comunidad internacional debe pedir urgentemente a las autoridades venezolanas que garanticen sus derechos y concedan salvoconductos a los seis asilados, permitiéndoles salir del país en condiciones de seguridad, y que liberen incondicionalmente al empleado detenido», suscribe el texto.
«La embajada está actualmente fuertemente custodiada por los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas venezolanas, y las casas cercanas han sido incautadas y ocupadas por funcionarios de seguridad», alertan.
«A los asilados no se les permite recibir visitas, y su acceso a alimentos y medicinas está controlado. Durante los últimos 24 días han estado sin electricidad y con un acceso limitado al agua, cortada por las empresas estatales. La presencia de agentes de seguridad con armas de asalto en los alrededores del edificio ha creado un temor razonable de que las fuerzas de seguridad puedan utilizar la fuerza contra los seis asilados políticos desarmados que se encontraban en el interior».
Por tanto, subrayan que estas acciones violan las obligaciones de los Estados de proteger a las personas que buscan asilo y de protegerlas contra la detención ilegal. Así como contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Exhortan al mundo a instar al Gobierno de Nicolás Maduro a que cese el hostigamiento contra los asilados y «otorgue salvoconductos para salir del país de manera segura».
«Las autoridades venezolanas deben poner fin a la violencia y la represión y buscar vías para una resolución pacífica de la situación política. La comunidad internacional, especialmente con el apoyo y la mediación de Brasil y Argentina, debe contribuir a estos esfuerzos y mantener los compromisos internacionales en materia de derechos humanos».
