En una carta desgarradora fechada el 1 de febrero de 2025, María Cristina González Flores, una madre guatemalteca, expone públicamente el calvario que ha enfrentado durante 284 días sin poder ver, hablar o tener contacto alguno con sus hijas. Su relato no solo revela un conflicto familiar profundamente doloroso, sino que también destapa una red de presunto abuso legal y económico respaldado por entidades poderosas.
María Cristina acusa a su esposo, Jorge Alberto Gaitán Castro, de utilizar recursos financieros de empresas como Peppertree y Goldman Sachs, junto con el apoyo del abogado Adam Schachter, para manipular el sistema judicial en su contra. Según su testimonio, las acciones de su esposo buscan silenciarla y evitar que denuncie supuestas irregularidades cometidas por él, incluyendo cargos criminales en Guatemala y El Salvador.
La Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual solicitó recientemente la desestimación y archivo judicial de una denuncia interpuesta por Gaitán Castro, argumentando falta de fundamento legal. Esta decisión se basó en que, al ser cónyuges, ciertos delitos como el “uso de información privada” no son perseguibles penalmente bajo el Código Penal guatemalteco. Aunque esto podría verse como una victoria legal para María Cristina, ella insiste en que el caso es parte de una estrategia más amplia para desacreditarla y aislarla de sus hijas.
En la carta, María Cristina cuestiona la complicidad de instituciones y actores externos: “¿Cómo justifican priorizar contenido de redes sociales sobre órdenes judiciales? ¿Un buen padre católico prohibiría a sus hijas ver a su madre durante casi un año?”. Además, apela a la ética de las empresas involucradas, exigiendo transparencia sobre el uso de fondos para financiar lo que describe como “violencia institucional”.
El caso también resalta la importancia del amparo provisional, una herramienta legal que le permitió recuperar temporalmente sus derechos constitucionales, aunque su lucha continúa. Su historia es un recordatorio crudo de cómo el poder económico y las fisuras en los sistemas judiciales pueden vulnerar derechos fundamentales, especialmente en contextos de violencia de género y disputas familiares.
María Cristina cierra su carta con un llamado urgente: “Detengan su apoyo a Jorge Gaitán. No sean cómplices de este abuso”. Su voz, entre la desesperación y la resistencia, interpela no solo a los actores directos, sino a toda una sociedad que no puede permitir que el silencio institucional opaque la justicia.
DESESTIMACION
