Reiteran la solicitud de suspender la participación en la Mesa Nacional de Garantías hasta tener protección.
Luego de la muerte del líder minero Jaime Gallego, conocido como “Mongo”, desde la Fundación Sumapaz enviaron una carta al Gobierno Nacional, donde indicaron que el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia no representa solo una tragedia personal, sino también un ataque directo a la democracia. Argumentando que los líderes sociales han dedicado sus vidas a luchar por la justicia, la igualdad y la protección de las comunidades más vulnerables y su legado, y estos homicidios se estarían convirtiendo en un recordatorio constante de la necesidad de proteger el derecho a la vida y la participación política.
Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, explicó que lo que ocurrió con el líder minero Jaime Gallego es una crónica anunciada en la que el Estado no ha tomado las medidas necesarias.
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“Nosotros hemos sido testigos de participaciones, incluso de Jaime en Mesas de Garantías, en Puestos de Mando Unificado, hemos participado en alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, hemos participado en protocolos de prevención y protección, pero la violencia contra líderes sociales sigue recrudeciendo, principalmente por la omisión de distintos funcionarios públicos”, dijo el DD.HH.
Zapata indicó que este homicidio, “Es una agresión más de la ola de violencia que sigue azotando al país, y en particular en la Colombia profunda urbana y rural, especialmente desde el 2016, cuando se suscribieron los acuerdos con la antigua guerrilla de las Farc, donde la disputa territorial y el vacío de poder han aumentado la situación de riesgo para la vida, la integridad y la libertad de los y las lideresas sociales en estos territorios”.
Así mismo, reiteró que el asesinato de Gallego se debe también a la negligencia del Estado y de entidades como el Gobierno Nacional, Departamental, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
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El defensor de los derechos humanos afirmó que los procesos quedan plasmados en documentos, pero balas siguen silbando en el Bajo Cauca, el Nordeste, el Norte, Urabá, el Occidente, el Suroeste y ahora el Oriente de Antioquia.
Desde Sumapaz solicitaron al Gobierno Nacional suspender la participación en la Mesa Nacional de Garantías MNG y en otras instancias de derechos humanos promovidas por el Estado hasta no tener garantías para la labor de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
